La desamortización española fue un largo proceso histórico, económico y social iniciado a finales del siglo XVIII por Godoy (1798), ministro y favorito de Carlos IV, y cerrado ya muy entrado el siglo XX (16 de diciembre de 1924). El concepto "desamortizar" hace referencia a privar a alguien de una propiedad si no la explota correctamente; es decir, si dicha propiedad está en poder de manos muertas. Una plena producción agrícola a fin de acrecentar la prosperidad y poder de la nación hacía necesaria aquella desamortización. Obviamente, esto iba en menoscabo del poder que tradicionalmente habían detentado los estamentos eclesiástico y nobiliario.
Así pues, la desamortización consistió en la expropiación forzosa y subasta pública de las tierras y bienes hasta entonces inalienables; es decir, propiedades desatendidas por parte de la Iglesia Católica o las órdenes religiosas y que fueran acumuladas por aquellos habituales beneficiarios de donaciones, testamentos y abintestatos. También se contaron en la magna operación los llamados baldíos y tierras comunales de los municipios. En otros países sucedió un fenómeno de características más o menos similares. Su finalidad fue acrecentar la riqueza nacional y crear una burguesía y clase media de labradores propietarios. Además, el estado obtenía unos ingresos extraordinarios con los que se pretendían amortizar los títulos de deuda pública.
La desamortización se convirtió en la principal arma política con que los liberales modificaron el régimen de la propiedad del Antiguo Régimen para implantar el nuevo Estado liberal durante la primera mitad del siglo XIX. La desamortización fue usada principalmente para vender las propiedades de la Iglesia a la clase burguesa, que sí que pagaría impuestos, además de darle uso comercial, industrial... a esa tierra. Las desamortizaciones hicieron que España viese rotas sus relaciones con el Vaticano en varias ocasiones a lo largo del siglo XIX. Las principales desamortizaciones en este tiempo fueron las de Mendizábal y Madoz.
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